El perfil gerencial en la carrera judicial

Los jueces y juezas, en su calidad de máxima autoridad, asumen la responsabilidad de coordinar de manera estratégica el trabajo de funcionarios y empleados, convirtiendo la gestión de recursos humanos en un pilar fundamental para la optimización del servicio de justicia.

Históricamente, la función judicial se ha interpretado bajo una óptica estrictamente técnica, donde el centro de gravedad reside en la norma y la resolución de conflictos mediante sentencias. No obstante, la realidad operativa actual demanda que la judicatura asuma una dimensión integral como gestora de equipos de trabajo. Resulta fundamental distinguir entre la función jurisdiccional, limitada al estudio y sentencia de causas, y el concepto más amplio de servicio de justicia. Este último abarca una dimensión operativa total que incluye la atención a los ciudadanos y auxiliares, la administración eficiente de los expedientes y el cumplimiento de las normativas procesales. Bajo esta premisa, el despacho judicial no debe ser visualizado como un ente abstracto, sino como un entorno operativo cuya respuesta institucional está condicionada por la eficacia en la coordinación de su capital humano.

La incorporación del management al ámbito judicial, referenciando la doctrina clásica de Koontz y O’Donnell, implica la creación de un ambiente interno que favorezca el cumplimiento de metas grupales con eficiencia. Sin embargo, el autor aclara que el objetivo en este contexto no es la búsqueda de rentabilidad económica, sino la ejecución correcta de políticas públicas orientadas a satisfacer necesidades sociales.

Por tanto, competencias como la administración de procesos, la delegación estratégica de responsabilidades y el fomento de un clima laboral colaborativo no son tareas ajenas o secundarias, sino facultades inherentes a la magistratura moderna. El descuido de estas dimensiones organizacionales suele provocar una fragmentación del flujo de trabajo, lo cual impacta de forma negativa tanto en el cumplimiento de los plazos procesales como en la salud estructural de la organización.

La legitimidad del sistema de justicia contemporáneo ya no depende exclusivamente de la pulcritud y el rigor del razonamiento legal, sino también de la capacidad del tribunal para garantizar un servicio oportuno, previsible y eficiente.

En consecuencia, la formación de los magistrados y de quienes aspiran a serlo debe integrar de manera obligatoria herramientas de liderazgo y administración que permitan potenciar el rendimiento del personal. El capital humano se reconoce así como el soporte esencial para la construcción de la seguridad jurídica. Esta necesidad de un nuevo perfil profesional también debe ser trasladada a los procesos de selección; los Consejos de la Magistratura tienen la responsabilidad de evaluar las capacidades de gerenciamiento de los candidatos y no limitarse únicamente a sus credenciales técnicas en derecho.

Finalmente, la modernización de las oficinas judiciales requiere un abordaje integral que conciba al tribunal como un equipo de trabajo cohesionado y dirigido bajo una visión estratégica. Solo a través de un liderazgo que reconozca las potencialidades de todos los actores involucrados se podrá garantizar una administración de justicia que resulte satisfactoria tanto para los operadores internos como para la ciudadanía en general.

Un ejercicio de la magistratura que ignore la importancia de la estructura administrativa o la conformación de equipos sólidos compromete gravemente la eficacia del derecho como herramienta destinada a la paz social.

Damián Pertile es docente de la Escuela de Posgrado en la Especialización de Dirección y Gestión de Organismos Judiciales y Jurídicos y la Especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura. A su vez, en el grado es profesor en la carrera de Abogacía y en la Diplomatura en Comunicación estratégica e Inteligencia Artificial.