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COVID-19 y violencia

Publicado el 13/10/2020 en Noticias UCC

El COVID-19 ha expuesto las deficiencias y vulnerabilidades tanto de los Estados como de las sociedades actuales. También puso de manifiesto las múltiples y simultáneas opresiones que sufren determinados grupos y, por ende, la vulneración de derechos humanos fundamentales.

Así, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, LGBTIQ+, desplazados internos, migrantes, refugiados, personas en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes, en un contexto de aislamiento social obligatorio, son grupos afectados de manera diferenciada en el goce y ejercicio de sus derechos.

Una problemática que se vio agravada es la violencia contra las mujeres. Estadísticas recientes, de la Comisión Interamericana de Mujeres, muestran que el 25 % de los casos de femicidio de este año se sucedieron en el marco de las restricciones de circulación, ya que en su mayoría ocurrieron en el hogar de la víctima o en el que compartía con su agresor. Por su parte, la organización feminista Mumalá señaló, a partir de una investigación propia, que hay una mujer asesinada cada 29 horas, y que en el primer semestre de 2020 se registraron 140 femicidios en Argentina.

En este sentido, es importante resaltar que, aunque la violencia contra las mujeres sucede tanto en ámbitos públicos como privados, sin embargo, el mayor porcentaje se produce en las relaciones de familia. Así, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su informe de agosto de 2020 ha señalado que la mayor prevalencia de la violencia es en mujeres de entre 22 y 39 años y, asimismo, que estas mujeres tienen un vínculo promedio de 9 años con el agresor, remontándose la violencia casi hasta el principio de la relación.

También las estadísticas, proporcionadas por la Comisión Interamericana de Mujeres,  marcan que en el ámbito privado se ha producido un aumento de casos de violencia física, psicológica y sexual, especialmente contra niñas; y un incremento de la vulnerabilidad de mujeres y niñas con discapacidad por no poder contar, por las medidas de prevención de COVID-19, con herramientas disponibles para realizar denuncias, acceder a información o servicios adaptados a sus necesidades.

En definitiva, las medidas de restricción pensadas en el marco de la pandemia han marcado un retroceso en el goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (art. 3 de la Convención de Belém Do Pará), no solo por generar un aumento de la vulnerabilidad al condicionar la convivencia durante las 24 horas con el agresor, sino también por la falta de contención que brindan los espacios sociales, tales como la escuela, el trabajo y los centros de salud; ausencia que refuerza la percepción de las víctimas de la inexistencia de alternativas, de mecanismos de apoyo, acompañamiento, denuncia y empoderamiento.

La COVID-19 ha exacerbado miedos, peligros, abusos y vulnerabilidades, lo que reclama acciones concretas, creativas y urgentes, que sean sensibles a las voces de las mujeres; en síntesis, exige hoy el compromiso social para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.


Por Verónica Luetto. Abogada, doctora en Política y Gobierno, docente de la UCC. Co-directora del proyecto "Subjetividades, corporalidades y discursos entre barreras. Investigaciones inter, multi, transdisciplinares desde la perspectiva de género", en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba.

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